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  • El gobierno debe eliminar las ayudas a los pisos protegidos de alquiler (26-07-2010)

    La medida, causada por los recortes financieros del Estado, ha empezado a aplicar este mes, y supone también que se descarte empezar a construir otros nuevos como mínimo durante este año.

    Mucho se ha insistido, a raíz de la crisis y de la burbuja inmobiliaria, en la necesidad de potenciar el mercado de la vivienda de alquiler. Incluso las administraciones han centrado parte de las ayudas a potenciar la construcción de pisos protegidos destinados específicamente al alquiler. La Generalitat, sin embargo, ha enviado ahora una circular que detiene nuevas solicitudes, ya que el gobierno estatal-que es quien autorizaba y daba el dinero de las ayudas-ha cerrado el grifo al menos durante todo este año.

    La circular de la Dirección General de Promoción de la Vivienda, fechada el 30 de junio, explica que el Ministerio de la Vivienda les ha comunicado que a raíz del recorte económica habrá un «probable» ajuste presupuestario en las partidas del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Dado que esto afecta directamente el convenio entre ambas administraciones, y que ya estaba a punto de agotarse la partida para el 2010 destinada a las viviendas protegidas de alquiler, el gobierno ha decidido paralizar cualquier nueva promoción. Desde el 5 de julio, de hecho, ya no ha admitido nuevas solicitudes, una medida que también afectará a quienes ya habían iniciado los trámites pero aún no tenían la autorización provisional. El caso de los que ya la tenían habrá que ver cómo se resuelve.

    Para potenciar las nuevas promociones de vivienda protegida de alquiler, y dado que son operaciones más largas de amortizar, el Estado había acordado con las entidades bancarias una financiación especial en que el Estado se hacía cargo de una parte de los intereses de la operación. Además, y una vez terminada la promoción, se subvencionaba con entre 25.000 y 40.000 euros cada vivienda. El Estado daba el dinero a la Generalitat, que era quien gestionaba la tramitación administrativa de todo el proceso. Con los acuerdos de recorte, el gobierno catalán ve difícil poder cumplir con nuevos compromisos a excepción de los ya acordados, y por ello ha decidido no admitir nuevos proyectos, al menos este año y hasta que no se aclare la situación.

    Otra de las consecuencias son 450 millones de euros que el Departamento había acordado con el Instituto Catalán de Finanzas y el Banco Europeo de Inversiones para destinarlos precisamente a proyectos de mercado protegido de alquiler. Con la falta de ayudas, pero, difícilmente los promotores saldrán adelante nuevos proyectos de este tipo.

    El mercado de la vivienda protegida de alquiler iba los últimos meses claramente al alza. Las facilidades que daba la administración para construir otros nuevos, más importantes que en el caso de que fueran protegidos de venta, había favorecido que muchos promotores se vieran una opción de seguir trabajando y obtener crédito para sacar adelante nuevas construcciones. La caída del sector de la construcción, general en todo el país, fue en la demarcación de Tarragona donde fue más suave. Según datos del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, durante el 2009 en el Camp y el Ebro se empezaron a construir 1.189 viviendas de protección oficial, de los cuales 711 eran para venta, y 478 para alquilar. Las viviendas de protección iniciados en el año 2009 llegaron, a nivel de Cataluña, el 85% del total.




 

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